El mandatario Daniel Ortega prohibió a las Hermanas de la Caridad y se tuvieron que ir del país. El Gobierno argumentó que violaron la ley de proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua no tiene precedentes: el presidente Daniel Ortega recrudece el asedio al punto que clausuró a la congregación de las Misioneras de la Caridad fundada en 1950 por la santa Madre Teresa de Calcuta, orden presente en más de 130 países y que al cierre de estas nota las monjas estaban escapando a Panamá.
El hecho sucedió el último miércoles de junio cuando por medio de un decreto ordenaron el cierre de 101 organizaciones no gubernamentales, ente ellas las Misioneras de la Caridad, argumentando que incumplieron sus obligaciones con el Ministerio de Gobernación, no presentaron un registro formal de donaciones y patrimonio, y violaron la Ley de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Del mismo modo, las autoridades señalaron que la congregación, presente en Nicaragua hace 34 años, no está autorizada para manejar proyectos sociales, entre otros una guardería, un centro de desarrollo infantil, un hogar de niñas y un asilo de ancianos.
AVALADAS POR ORTEGA DESDE EL PRINCIPIO
La entidad religiosa llegó al país en 1988 durante el primer mandato de Ortega y después de una visita de la Madre Teresa.
Las monjas impartían clases de educación primaria y cursos de música, teatro y oficios técnicos para niños y adolescentes víctimas de violencia. Además de tener centros de contención para personas necesitadas.
CANALES CATÓLICOS PROHIBIDOS
El régimen nicaragüense luego de perseguir a un sacerdote que hizo ayuno por el cese de la violencia en el país, en mayo de este año ordenó, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), a todas las compañías de televisión por cable sacar de la grilla al Canal Católico.
La semana pasada, por medio de dicho ente gubernamental, clausuraron una emisora televisiva católica de Estelí y otra de la diócesis de Matagalpa.
Monseñor Rolando Álvarez, encargado de la comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunció que el presidente “quiere una Iglesia muda”, pero que “si la Iglesia callara, las piedras gritarían”.
FE PERSEGUIDA
Catedral de Managua incendiada.
La Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 190 ataques y profanaciones desde 2018 hasta la fecha.
Los religiosos y fieles sufrieron el incendio en la catedral de Managua, acoso policial y persecución a obispos y sacerdotes bajo el régimen de Ortega.
La investigación “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida? (2018-2022)” de la abogada Martha Patricia Molina Montenegro, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, advierte que “el papel de la Iglesia Católica fue fundamental en la crisis de vulneración de derechos humanos que enfrenta Nicaragua”.
El informe señala que en 2018 se registraron 46 ataques, entre ellos el ingreso de una turba a la catedral de Managua, amenazas de muerte a sacerdotes nicaragüenses y profanaciones de distintos templos.
En 2019 ocurrieron 48, entre los que destacan amenazas de muerte contra monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de Managua, que ese mismo año se tuvo que exiliar.
En 2020 se produjeron 40 ataques contra la Iglesia, entre ellos profanaciones y una bomba molotov a la catedral de Managua, dañando la capilla de la Sangre de Cristo.
En 2021 otros 35 ataques, incluyendo profanaciones y robos en iglesias, así como insultos de Daniel Ortega contra los obispos y sacerdotes católicos.
En lo que va de 2022 ya se han contabilizado 21 ataques.
CLAUSURAS MASIVAS
El gobierno del dictador Ortega en el 2018 acusó a las ONG y asociaciones religiosas de “querer desestabilizarlo”, por lo que desde ese momento hasta la actualidad cerró 758 asociaciones sin fines de lucro, y anunció que prepara la clausura de otras 100 en los próximos días.
El mandatario alegó que las entidades reciben fondos “del imperio” (Estados Unidos) que alentó a “un fallido golpe de Estado” a través de las protestas civiles que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas por policías y paramilitares, con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos más de 100 mil exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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