Luego de décadas de denuncias y escándalos relacionados con los abusos sexuales, Pontífice actualizó la ley canónica de 2019 para ampliar la responsabilidad de los jerarcas de la Iglesia que encubren casos e incluir a laicos jerárquicos.
Francisco actualiza ley canónica para hacer responsables a jerarcas y laicos que encubran abusos sexuales en la Iglesia.
Francisco actualizó el pasado sábado una ley canónica de 2019 que hace responsables a los jerarcas de la Iglesia Católica que encubren casos de abuso sexual. Ahora abarca a laicos jerárquicos y reafirmó que los adultos vulnerables también pueden ser víctimas cuando no pueden dar su consentimiento.
Lo más significativo de la legislación es que se amplía para abarcar a asociaciones autorizadas por el Vaticano encabezadas por laicos, no sólo por clérigos. Esto responde a los numerosos casos que salieron a la luz en años recientes de jerarcas laicos que abusan de su autoridad para explotar sexualmente a personas a las que deben brindar ayuda espiritual.
La ley reafirma que los adultos pueden ser víctimas de curas depredadores, como en el caso de monjas o seminaristas subordinados a obispos o superiores. Anteriormente sostenía que sólo podía considerarse víctimas, junto con los menores de edad, a los adultos que carecen "habitualmente" del uso de la razón. La nueva ley aclara que los adultos pueden volverse vulnerables a los abusos, incluso de manera ocasional, de acuerdo con las situaciones.
DENUNCIAR
El Santo Padre dispuso las normas en 2019 en respuesta al capítulo más reciente de una crisis de décadas en la Iglesia, precisamente a un encubrimiento denunciado por un jurado investigador en Pensilvania (Estados Unidos) y el escándalo causado por el entonces cardenal Theodore McCarrick.
La ley comprende normas explícitas para investigar a los obispos acusados de cometer o encubrir abusos, en respuesta directa al caso McCarrick.
La nueva ley canónica ordena a todo el personal de la Iglesia reportar internamente las denuncias de abusos de clérigos, pero no ordena reportarlas a la policía. Amplía las protecciones a los denunciantes anónimos y ratifica la necesidad de proteger el buen nombre de los acusados.
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