Después de cuatro meses la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua mostró imágenes del obispo Rolando Álvarez detenido por “conspiración”. Fue acusado ante un tribunal. Antes del arresto sitiaron el obispado y le impidieron oficiar misa.
Tribunal de Nicaragua acusa formalmente al obispo Rolando Álvarez.
Las autoridades judiciales de la dictadura nicaragüense acusaron el martes al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez de los delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, y ordenaron su arresto domiciliario.
También ordenaron la captura del sacerdote Uriel Vallejos, quien según la prensa, se encuentra exiliado, y se pidió a la Policía Internacional (Interpol) cooperar para su arresto.
IGLESIA PERSEGUIDA
Monseñor Álvarez desde agosto pasado estaba bajo vigilancia policial en una vivienda de Managua, fue llevado a los juzgados capitalinos donde fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas” en “perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
Es el primer prelado sometido a un proceso penal en Nicaragua.
Momento de la detención del obispo en agosto pasado.
Durante el primer gobierno de Daniel Ortega (1985-1990) se enfrentó a la Iglesia católica y ordenó la deportación a Honduras del obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Vega, pero no se practicaron juicios ni encarcelamientos de sacerdotes.
PROPAGACIÓN DEL MIEDO
La información oficial sobre la acusación formal del pastor fue acompañada de un par de fotografías en la que se ve a monseñor Rolando sentado frente a una mujer, presuntamente funcionaria de los tribunales y cuya identidad no se precisó.
Son las primeras imágenes públicas del obispo desde que la policía lo puso bajo “resguardo domiciliario” hace casi cuatro meses.
“Asimismo, la autoridad judicial le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023”, precisó la nota de prensa del gobierno.
HOSTIGAMIENTO
El obispo Álvarez permaneció 15 días sitiado por la policía en agosto pasado en la diócesis de Matagalpa, junto a otras seis personas, tres de ellas religiosas, que fueron arrestadas y llevadas a la cárcel policial de “El Chipote” en Managua.
En esa ocasión, la fuerza pública dijo que investigaba a Álvarez y sus allegados por supuestamente “organizar grupos violentos". Casi simultáneamente, el gobierno ordenó el cierre de seis radioemisoras adscritas a la Iglesia católica en Matagalpa.
Organismos de derechos humanos denunciaron que Ortega mantiene “una campaña de represión y persecución” contra figuras de la Iglesia católica, a quienes acusa de haber apoyado la rebelión social de 2019, que el gobierno sandinista calificó como “un fallido golpe de Estado”.
La policía y paramilitares reprimieron con violencia aquellas protestas cívicas, provocando 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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